Es lo que un historiador llama una “máquina compleja y aparatosa”, una que ha sido fundamental para la democracia estadounidense durante más de dos siglos.

El principio de “frenos y contrapesos” se basa en el diseño constitucional de un gobierno nacional con tres poderes distintos e iguales, en el que cada uno limita y controla el poder de los otros para evitar abusos y garantizar el equilibrio.

En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente Donald Trump puso a prueba ese sistema como rara vez ha ocurrido antes, al promulgar docenas de órdenes ejecutivas, cerrar o reducir drásticamente agencias gubernamentales financiadas por el Congreso, y denigrar a jueces que han emitido docenas de fallos en contra suya.

“Los redactores (del sistema) eran muy conscientes de los intereses contrapuestos, y desconfiaban enormemente de la autoridad concentrada”, explicó John Carey, profesor de la Universidad Dartmouth y experto en democracia estadounidense. “De ahí surgió la idea”.

Su plan de acción ha evitado, en buena medida, que el control recaiga en “manos de una sola persona”, agregó Carey. Pero advirtió que el sistema depende de “personas que actúan de buena fe ... y no necesariamente ejercen el poder al punto máximo imaginable”.

A continuación presentamos un vistazo al sistema de frenos y contrapesos, y a las formas en que ha sido sometido a prueba previamente a lo largo de la historia de Estados Unidos.

La disputa fundacional de los frenos y contrapesos: el presidente John Adams realizó nombramientos de última hora antes de dejar el cargo en 1801. Su sucesor, Thomas Jefferson, y su secretario de Estado James Madison los ignoraron. William Marbury, a quien Adams había designado para que fuese juez de paz, pidió a la Corte Suprema que obligara a Jefferson y a Madison a respetar las decisiones de Adams.

El presidente del máximo tribunal, John Marshall, concluyó en 1803 que las comisiones se volvieron legítimas cuando Adams las firmó y, por lo tanto, Madison actuó ilegalmente al archivarlas. Sin embargo, Marshall no ordenó que se hiciera nada al respecto. Marbury había presentado su demanda bajo el amparo de una ley de 1789 que convertía a la Corte Suprema en el tribunal de primera instancia en la disputa. El dictamen de Marshall anuló dicha ley porque les otorgaba a los jueces —quienes casi exclusivamente son los que escuchan las apelaciones— más poder del que les otorgaba la Constitución.

La decisión dividida reafirmó el papel de la Corte Suprema en interpretar las leyes del Congreso —y anularlas— y también de dirimir las acciones del poder ejecutivo.

El Congreso y el presidente George Washington autorizaron oficialmente la creación del Primer Banco de Estados Unidos en 1791. Los federalistas, encabezados por el secretario del Tesoro Alexander Hamilton, favorecían un gobierno central fuerte y querían un banco nacional que pudiera prestarle dinero al gobierno. Los antifederalistas, liderados por Jefferson y Madison, querían un poder menos centralizado y argumentaban que el Congreso carecía de atribuciones legales para autorizar la creación un banco. Pero no solicitaron la intervención de los tribunales.

Andrew Jackson, el primer presidente populista, detestaba ese banco, ya que consideraba que era una concesión a los ricos. En 1832, el Congreso votó a favor de renovar la autorización del banco, e incluyó disposiciones para apaciguar a Jackson. De todos modos el presidente vetó la medida, y el Congreso no logró reunir las mayorías de dos tercios que la Constitución requiere para anular su veto. El banco, con sede en Filadelfia, se convirtió en un banco estatal privado en 1836.

Durante la Guerra de Secesión, Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus, un derecho que les permite a las personas impugnar su detención. Eso les permitió a las autoridades federales arrestar y mantener detenidos a individuos sin garantizar el debido proceso. Lincoln indicó que su maniobra podría no ser “estrictamente legal”, pero era una “necesidad pública” para proteger a la Unión. Roger Taney de la Corte Suprema, en funciones de juez de distrito, declaró ilegal la suspensión, pero señaló que él no tenía la facultad para hacer cumplir su dictamen.

A la larga el Congreso se puso del lado de Lincoln mediante reglas retroactivas. Y la Corte Suprema, en un caso separado de 1862 que impugnaba otras acciones de Lincoln, respaldó el argumento del presidente de que su cargo conlleva poderes inherentes en tiempos de guerra que no están autorizados expresamente por la Constitución ni por una ley del Congreso.

La Reconstrucción: Johnson contra el Congreso

Después de la Guerra de Secesión y el asesinato de Lincoln, “republicanos radicales” en el Congreso querían sanciones para los estados que se habían separado de la Unión y para los líderes y combatientes de la Confederación. También promovieron programas de la Reconstrucción que otorgaron derechos políticos y elevaron la posición de las personas que habían estado esclavizadas (al menos a los hombres). El presidente Andrew Johnson, de Tennessee, fue más indulgente con los confederados y más severo con las personas previamente esclavizadas. El Congreso, en ejercicio de su poder de asignar fondos, creó la Oficina de los Libertos para apoyar a los afroestadounidenses recién liberados. Johnson, con sus facultades de indulto, repatrió a exconfederados. También limitó la autoridad de la Oficina de los Libertos para confiscar bienes de los confederados.

Durante un siglo, casi todos los puestos federales eran nombramientos políticos del poder ejecutivo: una rotación de personal tras cada transición presidencial. En 1883, el Congreso intervino con la Ley Pendleton de Reforma del Servicio Civil. Los cambios comenzaron con algunos puestos que fueron cubiertos por medio de la aplicación de exámenes en lugar de por preferencias políticas. El Congreso amplió la ley a lo largo de generaciones, desarrollando el sistema de servicio civil de carrera que ahora Trump intenta desmantelar al reclasificar a decenas de miles de empleados gubernamentales. Su objetivo es que los funcionarios públicos sean asignados por nombramientos políticos o que sean trabajadores colocados a voluntad (sin contrato fijo), que son más fáciles de despedir.

La Sociedad de Naciones de Wilson

Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles estableció la creación de un organismo internacional para reunir a los países con el fin de conversar sobre asuntos globales y prevenir guerras. El presidente Woodrow Wilson abogó por la creación de la Sociedad de Naciones. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Henry Cabot Lodge, presentó el tratado al Senado en 1919 con enmiendas para limitar la influencia de la Sociedad de Naciones. Wilson se opuso a las salvedades, y el Senado no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria para ratificar el tratado y que el país se uniera a la Sociedad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió un papel de liderazgo, con el apoyo del Senado, para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la alianza de la OTAN.

Franklin D. Roosevelt enfrentó la Gran Depresión con amplios programas federales y enérgicas medidas regulatorias, muchas de ellas aprobadas por las mayorías demócratas del Congreso. Una Corte Suprema conservadora anuló parte de la legislación del llamado New Deal por considerarla fuera del alcance de las facultades del Congreso. Roosevelt respondió con la propuesta de ampliar la Corte Suprema —compuesta por nueve magistrados— y presionar a los jueces de mayor edad para que se jubilaran. Los críticos del presidente la calificaron de “plan para manipular a la Corte”. Él rechazó la acusación. Pero ni siquiera el Congreso demócrata sopesó seriamente su idea.

Roosevelt ignoró la regla no escrita, establecida por Washington, de que un presidente no puede ejercer más de dos mandatos. Ganó un tercer y un cuarto mandato durante la Segunda Guerra Mundial, lo que irritó incluso a algunos de sus aliados. Poco después de su muerte, una coalición bipartidista impulsó la 22da Enmienda constitucional, que limita a los presidentes a sólo ser elegidos un máximo de dos ocasiones. Trump ha hablado de intentar ser reelegido para un tercer mandato a pesar de esta prohibición constitucional.

El periódico The Washington Post y otros medios expusieron los vínculos entre allegados del presidente Richard Nixon y un allanamiento a la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate durante la campaña de 1972. Para el verano de 1974, la historia adquirió cada vez más relevancia y el Congreso convocó a audiencias, hubo litigios judiciales y planes para un juicio político. La Corte Suprema falló por unanimidad en contra de Nixon con respecto a la afirmación que él había hecho de que el privilegio del poder ejecutivo —el derecho del presidente a mantener en secreto ciertas comunicaciones para proteger el funcionamiento del gobierno— le permitía no entregar posibles pruebas sobre su implicación y la de sus principales asesores en el encubrimiento, incluidas grabaciones de conversaciones privadas en el Despacho Oval. Nixon dimitió después de que una delegación de otros republicanos le informara que el Congreso estaba a punto de destituirlo.

Los presidentes, desde John F. Kennedy hasta Nixon, intensificaron la intervención estadounidense en el sudeste asiático durante la Guerra Fría. Pero el Congreso nunca declaró la guerra en Vietnam. Un acuerdo de 1973, bajo el mandato de Nixon, puso fin a la participación militar estadounidense con carácter oficial. No obstante, la retirada completa de Estados Unidos ocurrió hasta más de dos años después, un período durante el cual el Congreso redujo el financiamiento al gobierno democrático de Vietnam del Sur. El Congreso no suspendió la totalidad de los fondos para Saigón, según aseguraron posteriormente algunos conservadores. Sin embargo, los legisladores se negaron a avalar sin cuestionamientos solicitudes más amplias del gobierno, reafirmando así los contrapesos del Congreso frente a la agenda militar y de política exterior del presidente.

Un Congreso controlado por los demócratas reformó el sistema nacional de seguros de gastos médicos en 2010. La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés), en parte intentó exigirles a los estados que ampliaran el programa Medicaid, el cual proporciona cobertura a millones de niños, personas con discapacidad y algunos adultos de bajos ingresos. No obstante, en 2012 la Corte Suprema falló que el Congreso y el presidente Barack Obama no podían obligar a los estados a ampliar el programa mediante la amenaza de retener otros fondos federales que ya estaban destinados a los estados según leyes federales anteriores. En varias ocasiones, la Corte Suprema ha respaldado otras partes de la ley. Los republicanos, incluso cuando han controlado la Casa Blanca y el Capitolio, no han podido derogar dicha legislación.